Este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros". Así se establece.

Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la medida de Protección Policial a favor de la ciudadana Cindy Migueisy Rondón Martínez y su grupo familiar en la siguiente dirección: Los Pinos, casa S/N, cerca de mercal, parroquia Carayaca, estado Vargas; durante seis (6) meses, mediante dos recorridos diarios matutino y nocturno en la indicada dirección. Se ordena al Instituto Autónomo de Policía y Circulación del Estado Vargas (POLIVARGAS), el cumplimiento de la presente medida de protección. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 21.1 y 34 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

Vista la solicitud de Únicos Universales Herederos, presentada por la ciudadana: TIBISAY DOMINGUEZ DE DIAZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula identidad Nº V-3.611.694, debidamente asistida por el Abogado JULIO CESAR MENDEZ FARIAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 55.724, este Tribunal la ADMITE cuanto ha lugar en Derecho. En consecuencia, se acuerda examinar como testigos a dos (02) personas, que oportunamente presente la solicitante a tenor de los particulares contenidos en el escrito que encabeza las presentes actuaciones y con sus resultas el Tribunal proveerá lo conducente.-

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial de fecha 12 de noviembre de 2010, mediante la cual impuso al ciudadano JHON KENY LADERA GONZALEZ la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, prevista en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, ello en virtud de encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión pronunciada y publicada en fecha 25 de Noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Privativa de Libertad en contra del imputado JAIRO ALBERTO GONZALEZ CARRILLO, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con el artículo 84, numeral 3, del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, ello por encontrarse satisfechos el requisito exigido en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.

PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR la solicitud de Nulidad interpuesta por la Dra. MARÍA ANGÉLICA GODOY, en su carácter de defensora de TOCUYO ESCALANTE PITER JOSÉ, por cuando la situación delatada como infringida, cesó al momento de realizarse el acto de la audiencia de presentación del referido ciudadano ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, tal como lo ha dejado sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDO: SE CONFIRMAN las decisiones dictadas en fechas: 02-11-2010 y 10-11-2010, respectivamente, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, mediante la cual DECRETÓ MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD en contra de los imputados TOCUYO ESCALANTE PITER JOSE, CI Nº 20.006.187 y PERFECTO FIGUERA EDUARDO JOSE, CI Nº 17.153.824, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES EN GRADO DE COMPLICIDAD CORR.....

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas en fecha 31 de agosto de 2010. Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el DR. ELIO RANGEL TROCEL, en su condición de Defensor del ciudadano ROBERT MAIKOL CORRO MENESES, por cuanto no se encuentran llenos los extremos del artículo 447 numeral 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda mantener las medidas cautelares impuestas en audiencia del 08 de enero de 2010, al ciudadano privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Juan Camilo Martínez, al no haber sido justificado su estado de pobreza. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 04/12/2010 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en que decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano RIVERO MARIN ENDI MANUEL y, en su lugar se ORDENA la INMEDIATA LIBERTAD del prenombrado ciudadano, por no estar satisfecho el requisito exigido en el numeral 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se insta al Ministerio Público a continuar la investigación.

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 22/11/2010 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos JOSE ANTONIO MORA ROSALES y FRANCISCO JAVIER GUERRERO MORA y, en su lugar se ORDENA su INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, por no estar satisfecho el requisito exigido en el numeral 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.