REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 29 de Agosto del 2008, en la cual IMPUSO MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD, a la ciudadana DORIS JOSEFINA AROCHA ANGRINZONES (ampliamente identificada en autos), de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, además de los requisitos establecidos en el artículo 258 ejusdem, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ILICITAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley que rige la materia, por no estar llenos los requisitos del artículo 250 de la Ley Adjetiva Penal y, en su lugar se ORDENA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES a la ciudadana referida

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, de fecha 22 de Julio de 2008, en la que decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.247.991, por encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto.

REVOCA la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Vargas de fecha 16 de Agosto de 2008, en la que decretó las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad al imputado ARGENIS ALFONSO ORTA CASTAÑEDA, titular de la Cedula de Identidad Nº 17.064.224, por no encontrase acreditado la existencia del requisito a que contrae el numeral 2 del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal de evidenciarse plurales y concordantes elementos de convicción en contra del imputado y en su lugar ordena su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES. Se declaran CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública INGRID KATIUSKA LORENZO PEROZO.

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 08/09/2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano MAIKEL JHOMAR ESPINOZA DIAZ y, en consecuencia ordena su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, ello por no encontrarse satisfecho el requisito exigido en el numeral 2º del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 04/09/2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que impuso a los ciudadanos LUIS ENRIQUE BERBESI MEJIA y DENNYS JOSE SOSA Medida Cautelar Sustitutiva y, en su lugar se ordena la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de los prenombrados ciudadanos, por no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.

Declara INADMISIBLE el recurso de revisión ejercido por el Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas a favor del penado NICOLAS HUETES HERVAS, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 474 y 455, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARAR CON LUGAR LA APELACION INTERPUESTA POR LA CIUDADANA DANNIS RIVERO, cuyo efecto procesal seria la remisión de las presentes actuaciones a otro Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Funciones de Control de este Circuito Judicial.-

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Dra. ZARFEL BEATRIZ MONGE, en su carácter de Defensora Pública Octava Penal de esta Circunscripción Judicial, actuando en representación del ciudadano FELIX JOAQUIN DA SILVA DÍAZ, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de septiembre de 2008, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual RATIFICÓ al ciudadano mencionado las MEDIDAS DE PROTECCIÓN establecidas en el artículo 87 numerales 3, 5 y 6, y lo impuso de la medida cautelar sustitutiva contenida en el artículo 92 numeral 7 todas contenidas en la Ley que rige la materia; por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FÍSICA Y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 39 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.