En base a lo anteriormente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA al ciudadano JOSE GREGORIO FERRER ORTA, arriba identificado, a quien se le siguió juicio por la comisión del delito de Homicidio Calificado en la Ejecución de un Robo, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en virtud de haber dictado el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, sentencia absolutoria a su favor, en fecha 08 de Diciembre de 2008.

Este Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada y apelante, contra la decisión dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.

Este Tribunal declara desistido el procedimiento y terminado el proceso, vista la incomparecencia de la parte actora, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, a la prolongación de la audiencia preliminar.

Se negó la medida solicitada

Se admitió la demanda

Este Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el apoderado judicial de la Procuraduría General de la República, contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. Se confirma la decisión dictada por el Tribunal A-Quo

este Juzgado Tercero de Municipio se declara incompetente por la materia para conocer de la presente solicitud y declina su conocimiento en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial Estado Vargas.

DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme a la ciudadana PERLA MASSIEL CASILLA, arriba identificada, conforme a lo previsto en los artículos 479 encabezamiento en concordancia con el artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA Este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se acuerda con lugar la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que la presente causa sea ventilada por el procedimiento Ordinario, todo de conformidad con los artículos 280 y 373 parte infine del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se declara con lugar la solicitud del Ministerio Público, en el sentido de otorgar al ciudadano: ANGEL ESTEBAN MARTÍNEZ ARMAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.767.294, de nacionalidad Venezolano, de 31 años de edad, nacido en fecha 23/12/1977, estado civil soltero, de profesión u oficio Obrero, hijo de ANGEL ESTEBAN MARTÍNEZ (V) y AURA MARTÍNEZ (V), residenciado en: Corapal, Palmar Oeste, casa S/N, al frente de Hidrocapital, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas, teléfono 0424-2562329, MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de la prev.....

DISPOSITIVA Este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamiento: PRIMERO: Se acuerda con lugar la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que la presente causa sea ventilada por el procedimiento especial, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley especial de género. SEGUNDO: Se ratifican las medidas de seguridad previstas en el artículo 87, ordinales 3º, 4º, 5º y 6º de ley de género, que consisten en: 3º: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la m.....