SE DECLARO COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE TERCEROS

ESTE TRIBUNAL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUPENSIÓN DE EFECTOS, SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDANTE BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS,S.A), EN LA DEMANDA CONTINENTE DEL PRESENTE RECURSO DE NULIDAD, INCOADO EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTÍCULARES DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010, DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 036-2010-01-000601, DICTADO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS ; SEGUNDO: SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO PÚBLICO; TERCERO: SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO A LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 233, 251 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL; CUARTO: NO HAY CONDENATORÍA EN COSTAS DADA LA NATURALEZA DEL FALLO.

Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA al ciudadano penado KART JONATHAN SALAZAR ARREDONDO, de nacionalidad venezolana, natural del Estado Sucre y titular de la cedula de identidad Nro. V.-13.630.387, de conformidad con los artículos 479, numeral 1º, 493 y 494 del Código Orgánico Procesal Penal, fijándose el plazo de Régimen de Prueba de Un (01) año contado a partir de que conste en autos su imposición de la presente decisión, quedando obligado a cumplir las condiciones establecidas en la parte motiva de la presente decisión, con la advertencia que el incumplimiento de alguna de las condiciones mencionadas, dará lugar a la REVOCATORIA del beneficio otorgado.

Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA al ciudadano penado FREDDY EDUARDO PEREZ CAPOTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, estado Vargas, y titular de la cedula de identidad Nro. V-12.164.214, de conformidad con los artículos 479, numeral 1º, 493 y 494 del Código Orgánico Procesal Penal, fijándose el plazo de Régimen de Prueba de Un (01) año contado a partir de que conste en autos su imposición de la presente decisión, quedando obligado a cumplir las condiciones establecidas en la parte motiva de la presente decisión, con la advertencia que el incumplimiento de alguna de las condiciones mencionadas, dará lugar a la REVOCATORIA del beneficio otorgado.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, OTORGA la Formula Alternativa de Cumplimiento de Pena referida al Régimen Abierto, a la ciudadana DORIS JANETH BAUTISTA LEAL, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 11.018.964, venezolana nacionalizada, natural Cúcuta, nacida en fecha 21-08-1963, de estado civil soltera, de profesión u oficio comerciante, hija de Neptalí Bautista (F) y Ernestina de Bautista (V), residenciada en: carrera 3, casa Nº 4-23, urbanización Andrés Bello, San Antonio del Táchira, Edo. Táchira; de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 479 ordinal 1º y 500 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en la Unidad Técnica de Supervisión y Orienta.....

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA de el ciudadano penado JONATHAN DE JESUS ROJAS PALACIOS, quien dijo ser de nacionalidad venezolana nacido e identificado con el numero de cedula Nro. V.-16.507.291, antes identificado por cumplimiento de la pena de DOS (02) AÑOS y OCHO (08) MESES DE PRISION, impuesta en fecha 18-12-2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

VISTA LA INCOMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR, ESTE TRIBUNAL, DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA POR LA CIUDADANA ROSELIA DE LOURDES ECHARRY RADA, EN CONTRA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "SERVIMAX 960", DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 131 DE LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, homologa el acuerdo suscrito entre las partes, por cuanto no han sido vulnerados los derechos irrenunciables de la trabajadora ni normas de orden público.

Este Juzgado considera que han cesado las causas para mantener la medida preventiva que recaen sobre las NOVENTA Y CUANTRO MIL (94.000) acciones perteneciente a REPRESENTACIONES MB., C.A., en este sentido se acuerda suspender la medida de EMBARGO preventivo. Y en consecuencia se ordena oficiar lo conducente al Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Líbrese oficio.-

REVOCA la decisión dictada en fecha 15 de Marzo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETÓ PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano JOSE ANGEL ANDUJAR LAGUNA, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.979.651, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y en su lugar se DECRETA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, por no encontrarse satisfecho el requisito exigido en el numeral 1 del artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.