El Tribunal declaró vencido el lapso para que las partes presentaran sus observaciones, sin que ninguna de ellas las presentara, y se reservó un laso de sesenta (60) días calendario siguientes a la presente fecha, para pronunciar su fallo.

DECRETA la privación judicial preventiva de libertad del imputado Jean Carlos Guilarte Hernández, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, quien fuera detenido el 11/06/03, por la presunta comisión del delito Hurto Calificado, previsto y sancionado en los ordinales 3° y 6° del artículo 455 del Código Penal vigente, y el delito de Lesiones Personales Intencionales Genéricas, previsto y sancionado en el artículo 415 eiusdem

, ACUERDA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de los Ciudadanos LEWIS RAFAEL ISEA MARTINEZ y RAUL GONCALVES PERREGIL, plenamente identificados al inicio de esta decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y ordinales 2°, 3° y Parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la aplicación del Procedimiento Abreviado, de conformidad con lo establecido en el artículo 373, en concordancia con el artículo 248 ¿Ejusdem¿. Asimismo, se acuerda la práctica de un reconocimiento psiquiátrico y psicológico en la persona del ciudadano RAUL GONCALVES PERREGIL, a los fines de evidenciar si el mismo es consumidor de sustancias estupefacientes

DECRETA el BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, al ciudadano CARLOS JHOAN MOSQUEDA, antes identificado, por el lapso de un (1) año, de conformidad con los artículos 42 y 44 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con todas las condiciones impuesta en la presente decisión.

DECLARA redimida la pena a JESUS RAFAEL YANEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, por el tiempo de DOS (02) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS cumpliendo en definitiva la pena impuesta el 19-01-2.012 A LAS 12 HORAS.

DECLARA redimida la pena a SERGIO ALFONSO ROMERO CASTRILLON, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, por el tiempo de UN (01) AÑO Y DIEZ (10) DIAS cumpliendo en definitiva la pena impuesta el 08-06-2.006.

NIEGA la solicitud formulada por la Dra. SOL GAMEZ MORALES en su carácter de Defensora del ciudadano PEDRO ANTONIO ACOSTA ROJAS, manteniendo así las medidas acordadas en fecha 12 de marzo de 2003, es decir deberá presentarse por ante la Sede de este Tribunal en el Circuito Judicial Penal del Estado Vargas cada QUINCE (15) días.

DECRETA Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad al imputado Asterio Almonte Duran, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 en concordancia con los numerales 3 y 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo en consecuencia cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Presentarse ante la Sede del Juzgado de Juicio que corresponda cada ocho (08) días a firmar el libro de presentaciones llevado por este Despacho. 2) Presentar dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral, los cuales deberán consignar constancia de trabajo actualizada cuyo ingreso mínimo sea igual a la cantidad de 20 unidades tributarias, constancia de buena conducta y residencia expedida por la Primera Autoridad Civil.

Declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Dra. Magali Dávila, en su condición de Defensora del imputado Héctor Fernando Acosta, en el sentido que se acuerde una medida cautelar sustitutiva, por considerar que las circunstancias en el presente caso no han variado y, por cuanto las finalidades del proceso se encuentran aseguradas con la imposición y mantenimiento de la medida inicialmente impuesta a la imputado de autos por este Juzgado el 13/05/03.

Declara CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Abg. Magali Dávila, y en tal sentido acuerda EXIMIR a los imputados González José Francisco y Quintero Juvenal Enrique, de la obligación de prestar la caución económica impuesta por este Tribunal el 26/05/03, e imponer la medida cautelar relativa a la caución juratoria prevista en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que los imputados prometan someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerse de cometer nuevos delitos, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 264 eiusdem.