SE DICTO AUTO ORDENADO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

DECRETA EL CESE de las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas por este Tribunal en fecha 06 de Junio de 2003, a los ciudadanos JOSÉ LUIS POLEO RODRÍGUEZ y ARGENIS LEÓN SUÁREZ, ampliamente identificados al comienzo de la presente, conforme a lo previsto en el artículo 256, ordinales 2°, 3° y 4°, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la norma legal contenida en el artículo 315 ejúsdem.

Instruida como ha sido la presente solicitud y tomada la declaración a los testigos ciudadanos: LUIS EDUARDO LANZA ACUÑA Y HENRY GREGORIO OLIVIERI SALAZAR, presentados por la ciudadana: MARIA BENEDICTA ALVAREZ VIVAS, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, acuerda entregar la misma a la solicitante.

Declara SIN LUGAR, la recusación interpuesta por la abogada YURIMA VASQUEZ VASQUEZ, Defensora Pública Novena de Responsabilidad del Adolescente del Estado Vargas, actuando como defensora del ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, en la causa Nro. 1EA-016-00, contra el abogado CAMILO CESAR SUPPINI REYES, Juez de Ejecución, Sección Adolescente, de este Circuito Judicial.

a.- DESTACAMENTO DE TRABAJO: Al cumplir 1/4 parte de la pena, que es igual a Dos (02) Años y Seis (06) Meses, la cual se cumple el 12-02-2004. b.- REGIMEN ABIERTO: Al cumplir 1/3 parte de la pena, que es igual a Tres (03) Años y Cuatro (04) Meses, que cumplirá el 12-12-2004. c.- LIBERTAD CONDICIONAL: Que corresponde al haber cumplido las 2/3 partes de la pena, que es igual Seis (06) Años y Ocho (08) Meses, que cumplirá en fecha 12-04-2008. d.- CONFINAMIENTO: Al cumplir la 3/4 partes de la pena, que es igual a Siete (07) Años y Seis (06) Meses, la cual cumplirá el 12-02-2009.

Se dicto auto decretando MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada hasta cubrir la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs 590.605.722,02), que comprende el doble de la suma demandada, más la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS BOLIVARES (Bs 28.124.082,oo), por concepto de costas calculadas prudencialmente por el Tribunal en un 10%, suma ésta incluida en la anterior. Con la advertencia de que si se embargasen cantidades líquidas de dinero se embargará la suma TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS BOLIVARES CON UN CENTIMO (Bs. 309.364,902,01), más las costas anteriormente calculadas e incluidas en dicha suma.

Visto que el penados CORONEL ZAPATA LUIS OLIVER, se encuentran actualmente en libertad, en virtud de que se le otorgó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la contenida en el ordinal 8° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Estado Vargas, se acuerda citarlo a los fines de darse por notificado del presente auto, y a comprometerse a cumplir con las obligaciones que le imponga este Tribunal y a la práctica del respectivo Informe Técnico en caso de acordársele el Beneficio que le corresponda. A tal efecto, se acuerda librar Boleta de Citación a los fines de que comparezca por ante la sede de este Tribunal el día 08 de Julio de 2003.

Se niega la demolición de la Obra objeto del presente juicio por la insuficiencia de la garantía constituida.

Él tribunal admitió la Regulación de Competencia planteada y se reservó un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la presente fecha, para pronunciar su fallo

1.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Juicio de este Circuito Judicial, en la que NEGO la solicitud de libertad interpuesta por el Abogado Andrés Puga, en su carácter de defensor del imputado EDUARD EMILIO PLAZA ALVAREZ. 2.- ORDENA al Juzgado Primero de Juicio Circunscripcional remitir en su forma original la causa seguida al imputado EDUARD EMILIO PLAZA ALVAREZ y otros, a la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito, a los fines de ser distribuida a uno de los Juzgados de Control, el cual deberá emitir pronunciamiento en los términos fijados en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20MAY2003 y, una vez decidido deberá remitir la causa al Ministerio Público, a los fines que ésta presente el acto conclusivo correspondiente.