Tribunal comitente: Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Exp. N° AP31-V-2008-000637. Devuelta cumplida.

SE ADMITE LA DEMANDA

de conformidad a lo pautado en el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y al Artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; se admite en cuanto a lugar en Derecho.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, interpuesta por el ciudadano LUCIO JESÚS CEDEÑO, titular de la cédula de identidad Nº 6.474.931, toda vez, que los hechos denunciados en contra del funcionario de la policía Metropolitana de Caracas de nombre LENIN, constituyen, un delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 301 en su ultimo aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dicto auto mediante el cual, se admite la presente demanda. Asimismo, se ordena librar cartel de notificación a la parte demandada, a los fines de que tenga lugar la audiencia preliminar.

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES Y LE DA EFECTO DE COSA JUZGADA.

Ante los razonamientos de hecho y de derecho aquí expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, HOMOLOGA el desistimiento de la presente demanda, presentado por el profesional del derecho RAFAEL BALMORES CHIRINOS, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSCAR ALFREDO BAUTE HERNANDEZ, parte actora en el presente procedimiento, y acuerda tenerlo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo previsto en los artículos 263 y 266 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

La consecuencia de esa decisión y de su confirmación por parte de esta alzada, es la prosecución del proceso. De modo que no encuadra en ninguno de los supuestos de hecho previstos en la disposición legal transcrita, razón por la cual no es admisible contra ella, de manera inmediata, el Recurso de Casación anunciado, toda vez que en tales supuestos opera el principio de concentración del recurso, contemplado en la última parte de esa norma, según el cual el recurso de casación contra las interlocutorias que no ponen fin al juicio ni impiden su continuación, queda diferido para la oportunidad del eventual recurso contra la definitiva de segunda instancia, esto es, el efecto diferido equivale al recurso de casación mediato.. Por las razones expuestas, se declara INADMISIBLE el Recurso de Casación anunciado.

En base a los anteriormente expuesto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA impuestas a la acusada MARIA BELEN PADILLA QUINTERO, titular del pasaporte N° 462395, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de esta Circunscripción Judicial, en fecha 03/05/2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, ordinales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia ordena la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por los ciudadanos MARITZA RAMOS GONZALEZ, DILIA RAMOS DE ANZOLA y DOMINGO RAMOS GONZALEZ, la primera actuando en nombre propio y como apoderada Judicial de la ciudadana DILIA GONZALEZ DE RAMOS, según se evidencia de instrumento poder autenticado ante la Notaría Primera del Estado Vargas, en fecha once (11) de marzo de 2002, anotado bajo el Nro. 85, Tomo 11, antes identificados y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a las solicitantes el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros". Devuélvase originales con sus resultas a la parte interesada, p.....