En virtud de lo procedentemente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano FERNANDO MANUEL MENDONCA DE OLIVEIRA, de nacionalidad Portuguesa, nacido en fecha 30 de diciembre de 1960, de 49 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Electricista, hijo de Jaime Braga de Oliveira (f) y de María Celeste Braga Mendoca, , domiciliado en Braseta Das Moreira, Loliu N, Lisboa Portugal y titular del Pasaporte de la Republica de Portugal Nro. L180870, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el artículo 482, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto no han sido vulnerados derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efecto de Cosa Juzgada.

DISPOSITIVA: Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, en el sentido de que le sea impuesta a su defendido HENRY DE LA CRUZ DE LA CRUZ, una medida cautelar sustitutiva de libertad, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diaricese, publíquese y déjese copia. LA JUEZ PRIMERO DE JUICIO Dra. ROSALBA MUÑOZ FIALLO LA SECRETARIA AB. YALITZA DOMINGUEZ

REVOCA EL RÉGIMEN ABIERTO que le fue otorgada como fórmula de cumplimiento de pena al Ciudadano RAMON BENJAMIN FRANKLIN VAN EIIJK, portador del pasaporte Nro. K9187192, quien es de nacionalidad Holandés, donde nació el 09-02-1981, de estado civil soltero, de profesión u oficio cocinero residenciado en la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, de conformidad con lo previsto en el artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal, por incumplimiento reiterado de las obligaciones que le fueron impuestas.

DISPOSITIVA: Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, en el sentido de que le sea impuesta a su defendido RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, una medida cautelar sustitutiva de libertad, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diaricese, publíquese y déjese copia. LA JUEZ PRIMERO DE JUICIO Dra. ROSALBA MUÑOZ FIALLO LA SECRETARIA AB. YALITZA DOMINGUEZ

Ahora bien, de lo antes expuesto se evidencia de los autos que efectivamente el ciudadano GERMAN MARCANO, debidamente asistido por el profesional del derecho ROOMER ROJAS LA SALVIA, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 51.438, tal y como fue acordado mediante sentencia de fecha 14 de Marzo de 2005, recibió el dinero en pago de la condena, en consecuencia, este Juzgado debe dar por cumplido el fallo proferido por este Tribunal en la fecha antes mencionada, y ordena el archivo del expediente. Así se establece.

INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA CUANTIA, CONTRA LA SENTENCIA PUBLICADA POR ESTE TRIBUNAL EN FECHA 18 DE MAYO DE 2010 EN EL JUICIO INTERPUESTO POR LA CIUDADANA LILIBETH MALDONADO CONTRA LA EMPRESA LE PETITE BOMBOM, C.A.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PRIMERO: ACUERDA, HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO, en la presente causa pactado por las partes en fecha 19 de Mayo de 2.010, seguida a los adolescentes identidad omitida, mediante la cual se comprometen a cumplir las siguientes condiciones: 1.- Integrarse al Sistema Educativo, a los fines de continuar con su proceso de formación personal, consignando ante el ente supervisor la respectiva constancia. 2.- Presentarse ante la Unidad de Atención Ambulatoria del Adolescente no Privado de Libertad, cada Quince (15) días 3.- Consignar mensualmente las constancias de estudio y trabajo, a los fines de acreditar que el joven da cumplimiento a la obligación ut supra indicada. 4.- Prohibición de de portar arma.....

Por mérito de lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA EN REBELDIA Y ORDENA LA CAPTURA INMEDIATA DEL JOVEN IDENTIDAD OMITIDA, por órgano de los cuerpos de seguridad del estado. Ello conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Constitucional y 646, 647y 617 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños , Niñas y Adolescentes Hágase lo conducente. Cúmplase.

Se declara: En aplicación de la doctrina de la Sala Constitucional, contenidas en la Sentencia de fecha primero (01) de Febrero y Aclaratoria de fecha Nueve (09) de Marzo del 2.001, considera este Tribunal que el referido lapso de Treinta días, contenido en el Artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto atañe a el derecho a la defensa, debe ser computado por días de Despacho, y siendo tempestiva la impugnación formulada por la parte actora, debe este Juzgado proceder conforme lo ordena la ultima parte del artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, y se acuerda proceder a la experticia contable prevista en el Capitulo VI, Titulo II del Libro Segundo de este Código, a fin de que los expertos que sean designados ordenen la cuenta según sus conocimientos, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 681 eiusdem. Así se decide.