En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, dispone lo siguiente: PRIMERO: DECRETA LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado MAURICIO GRANADOS DE LOS RIOS, arriba identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual quedar en resguardo a la orden de la onidex, al haber sido aprehendido por la presunta comisión del delito APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, USURPACIÓN DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley de Orgánica de Identificación y EL USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley.....

Este Tribunal Sexto de Sustanciación Mediación y Ejecución visto el acuerdo al cual llegaron las partes Homologa el mismo en los términos planteados y acuerda otorgar efecto de cosa juzgada una vez que conste en autos la cancelación de las prestaciones sociales antes señalas, momento el en cual declarará terminado el presente procedimiento, ordenará el cierre y archivo del mismo.

Este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, le imparte la correspondiente HOMOLOGACIÓN dándole efectos de Cosa Juzgada, se declara terminado el proceso y se ordena el cierre y archivo del presente expediente. En consecuencia, se ordena oficiar a la Coordinación de Secretaría de este Circuito Judicial a los fines de remitir el presente expediente al Archivo Judicial.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a la ciudadana BELKIS AMANDA MONASTERIO QUEZADA, por la comisión del delito de TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el artículo 254 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, en relación con el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, al haberse producido la extinción de la acción penal por cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso. Publíquese, diarícese, líbrese los respectivos oficios y déjese copia. LA JUEZ DE CONTROL ABG. KARLA MORALES MORA LA SECRETARIA, ABG. JEYLAN SANDOVAL

DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, dispone lo siguiente: PRIMERO: DECRETA LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado MORAN LOYO NELSON JESUS, arriba identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual deberá presentarse cada treinta días (30) ante la sede de este Juzgado, al haber sido aprehendido por la presunta comisión del delito DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL, previstos y sancionados en el artículo 258 numeral 4° de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público, de imponérsele medida preventiva de Pr.....

declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por el Abogado JAIME E. POLEO, en su condición de Defensor del acusado VICTOR DANIEL RAMOS LARA, en el sentido que le sea otorgada Medida Cautelar Sustitutiva, por considerar que las circunstancias en el presente caso no han variado y, por cuanto las finalidades del proceso se encuentran aseguradas con la imposición y mantenimiento de la medida impuesta al referido imputado por este Juzgado de Control, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JEFRIE SIDNEY MACHADO VAILLANT, a favor de los ciudadanos MARIA FERNANDA MARQUEZ BECERRA, WILFREDO JOSE RAMOS RENIA Y LENMIYER JULIAN MARTINEZ FIGUEROA, todo de conformidad con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

se declara sin lugar la revisión de la medida y se declara con lugar la solicitud de cómputo de las sanciones impuestas al Joven adulto: IDENTIDAD OMITIDA, Venezolano, titular de la Cedula de Identidad N° V- 18.325.706; y se designa como lugar de reclusión el internado judicial de los Teques en la Ciudad de los Teques Estado Miranda, a los fines de que cumpla con la sanción impuesta de privación de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 647 literal A de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el abogado HUMBERTO RODRIGUEZ ALEMAN, en contra de la decisión de fecha 03-11-06 emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que niega la solicitud de nulidad, todo ello de conformidad lo establecido con el literal "C" del artículo 437 en concordancia con la última parte del artículo 196 y parte in fine del artículo 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida al ciudadano WILFREDO HERNANDEZ, titular de la Cedula de Identidad V.- 3.890.458, quien es de Nacionalidad Venezolana, natural de la Guaira, Estado Vargas, Casado, nacido el 12/03/55, de 51 años de edad, de profesión u oficio Mesonero, hijo de Modesto Hernández (F) y Castolina Díaz (v), residenciado en: Puebla Arriba, Calle Sucre, Casa s/n Naiguaita, Estado Vargas, de conformidad con lo contenido en los articulo 318 numeral 4, 319 y 320 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 34 ordinal 10 de la Ley del Ministerio Publico.